Procurador lanza advertencia a gobernadores y alcaldes para que protejan a líderes sociales

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió que el asesinato de 446 líderes sociales en Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz dejaría en evidencia que el Estado no estaba listo para defender el liderazgo social y que gobernadores y alcaldes desatienden las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por lo que se abrirán investigaciones disciplinarias.

Carrillo Flórez al instalar la III Mesa por la Vida, junto con el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, anunció que “la Procuraduría trabajará de manera articulada con la Defensoría para conformar un cuerpo élite de seguimiento e investigación” en los casos de amenazas y crímenes de líderes sociales.

El jefe del Ministerio Público señaló que “el sistema de alertas tempranas es una herramienta que hay que respetar, que hay que atender”… “No podemos seguir mirando para otro lado. Entidades territoriales y/o entidades responsables que no atiendan integralmente las alertas tempranas serán investigadas”.

En su intervención ante líderes sociales del país, representantes del gobierno, gobernadores y alcaldes, organizaciones internacionales y organismos internacionales, entre otros, le Procurador General lanzó “un llamado a la Comisión de Garantías de Seguridad a establecer la frecuencia y calendario de este espacio vital para los líderes”.

Así mismo, instó a los gobernadores a crear instancias permanentes de diálogo social permanente con líderes y lideresas, y a romper el círculo de acción y convocatoria sólo cuando se está al frente de la tragedia y se reportan los asesinatos.

El jefe del ente de control lamentó los pocos avances en la protección colectiva, preventiva, rural, con enfoque diferencial y de género. “El Estado debe hacer el gran esfuerzo de tener los pies en los territorios y responder a las necesidades locales”.

La III Mesa por la vida contó con la participación de Luisa Ortega, líder juvenil de El Salado; Maria Paulina Riveros, Vicefiscal General de a Nación; Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior; Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad; Dumek Turbay Paz, gobernador de Bolívar; Carlos Camargo Assís, presidente de la Federación Nacional de Departamentos; Rafael Gallo Paredes, alcalde de El Carmen de Bolívar; Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia; Carlos Ruiz Massieu, representante Especial y Jefe de la Misión de Verificación de ONU en Colombia; Roberto Osvaldo Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos – OEA, y Miguel Antonio Ceballos, Alto Comisionado de Paz.

Así mismo, participaron Mayerlis Angarita, directora de Colectivos Narrar para Vivir; Juana Ruiz, representante de las Tejedoras de Mampuján; Ricardo Esquivia del Espacio de Construcción de Paz de Montes de María; Laura Cantillo de la Veeduría Étnica Nacional, y Soraya Bayuelo del Colectivo de Comunicaciones de Montes de María y Premio Nacional de Paz.

En el panel sobre la protección individual y colectiva intervinieron Pablo Elías González Monguí, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP); Jhony Carlos Alberto Palacios Mosquera, gobernador de Chocó; Patricia Riveros de la Mesa de Víctimas; Julia Cogollo, líder social de Bolívar; Gustavo Vengoechea, director ejecutivo de la Federación Comunal del Atlántico; Jaime Arias del cabildo gobernador resguardo indígena Kankuamo, y José Humberto Torres, vocero nacional Plataformas de Derechos Humanos.

También participó Camilo Romero, gobernador de Nariño; María Eugenia Alarcón, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras; Martha Robles Hernández, de la Mesa de Víctimas Departamental de Sucre; Edgardo Flórez Martínez, de la mesa de Carmen de Bolívar; Lucy del Carmen Sosa Ardila, de Cartagena, y Yadis Marcela Ramírez de la Conferencia Colombiana Afrocolombiana.

Al final de la jornada, Gobierno Nacional, Procuraduría General, Defensoría dle Pueblo, gobernaciones, organismos internacionales, firmaron una declaración conjuna que contiene ocho compromisos dirigidos a la efectiva protección de los líderes y defensores de derechos humanos.

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